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Jorge Pinto

Amables lectores, les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión quiero referirme a una columna que varios diarios nacionales cubrieron a lo largo de la semana, una nueva forma de explotación sexual denominada Etno-porno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; etno significa “pueblo o raza” y porno deriva de pornografía que significa; “presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación”.

                       En esta nueva modalidad de explotación sexual las protagonistas son mujeres que pertenecen a grupos étnicos del Estado de Chiapas, que son videograbadas teniendo relaciones sexuales o insinuando servicios sexuales.

Ésta es una variante más de trata de personas, que debido a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y comprensión de este fenómeno, resulta sumamente difícil establecer con precisión cifras o estadísticas.

                       La trata de mujeres debe entenderse en el amplio contexto de desigualdad y violencia estructural a las que están sujetas. En todas las sociedades, en mayor o menor grado, las mujeres y las niñas enfrentan constantes violaciones a sus derechos humanos y/o a sus derechos económicos en los lugares de origen. En general, las mujeres están más afectadas por la violencia y la discriminación de género en la educación, la inequidad laboral, caracterizada por la segregación ocupacional y una representación desproporcionada en los sectores informales de empleo. Todo ello trae como consecuencia una muy particular vulnerabilidad, así como una enorme inseguridad económica.

                       Los factores que han contribuido tanto a propiciar como a agudizar este delito se encuentran: en el crecimiento demográfico, la violencia social, la desigualdad de género, la inestabilidad política, los conflictos de carácter étnico o religioso, el ejercicio autoritario del poder, la tecnificación de la agricultura y, muy especialmente, la desigualdad y la pobreza.

                       Nuestros gobiernos deben generar más políticas públicas encaminadas a reducir las brechas de desigualdad de los grupos vulnerables de nuestra sociedad y de nuestras comunidades indígenas.

                       Los gobiernos entrantes deben enfocar sus esfuerzos en generar fuentes de empleo para combatir la pobreza y multiplicar los recursos que se destinan a la educación.

                      

             Es Doctorante en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como Abogado Asesor en la Defensoría de los Derechos Universitarios, profesor colaborador en la Facultad de Derecho y C.S., y es Director del Bufete Jurídico “Pinto y Asociados” S.C.

             Comentarios:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Twitter: @apjorge/ facebook: Jorge Pinto

                      

 

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